El conflicto del Gobierno Nacional con el sector agropecuario revela la decadencia de nuestro federalismo fiscal: tenemos un gobierno central voraz, ávido de ingresos, que se apropia progresivamente de recursos que legítimamente corresponden al conjunto de las provincias y municipios.

Los recursos se concentran cada vez más en manos del Gobierno Nacional, que los administra a discreción, disponiendo sin debate parlamentario de los excedentes, vulnerando nuestra institucionalidad, y desfinanciando a las provincias y municipos, sobre las cuales debería recaer la responsabilidad de gasto público (seguridad, justicia, salud, educación, etc).

Gobernadores e intendentes son rehenes de éste perverso esquema fiscal ya que deben ceder y alinearse sistemáticamente ante el poder central para no quedar desfinanciados, con lo cual se prostituye también nuestro sistema político.

Debemos replantear urgentemente nuestro federalismo fiscal. La recaudación se encuentra en niveles máximos históricos y con tendencia creciente. El problema actualmente no es cuánto se recauda, pues se recauda como nunca, sino cómo se distribuye lo recaudado.